El Tribunal Provincial de La Habana hizo firme la sentencia contra los activistas Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, declarándolos culpables del supuesto delito de Propaganda contra el orden constitucional.
Alfaro Frías fue sancionado a nueve años de privación de libertad, Pompa López a ocho y Mendoza García a cinco.
“Me doy cuenta que todo el juicio fue manipulado, un ‘paripé’ porque ahí se demostró que ese delito de Propaganda contra el orden constitucional no procedía y entonces ahora mira esta sanción que baja. Se quedó igual. Una injusticia que están cometiendo con ellos, como si fueran asesinos o terroristas”, dijo a Martí Noticias Suarmi Hernández Vilar, la esposa de Pompa.
Los tres estuvieron bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 1º. de octubre, día en el que se les hizo saber el fallo judicial.
Los activistas fueron inculpados por su filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero que se anuncia como una “plataforma digital al servicio de jóvenes cubanos que desde la isla alzan su voz por la libertad”.
“Ellos son tres hombres pacíficos que han luchado por más de 15 años contra este régimen, exigiendo la libertad de nuestro pueblo, exigiéndole que no se violen los derechos humanos. Todo es por ellos estar en el movimiento Cuba Primero, pero siempre ellos han demostrado, y siempre hemos demostrado, que nuestra lucha es pacífica”, enfatizó la mujer.
Las Conclusiones Provisionales del proceso aseguraron que Pompa López, como coordinador de la organización Cuba Primero, habría recibido financiamiento del exterior. También se le vincula con la distribución de materiales impresos de contenido antigubernamental y con un video encontrado en su computadora personal en el que aparece con los otros acusados distribuyendo dichos materiales.
Aunque, generalmente, las condenas dictadas por un tribunal de primera instancia contra opositores son inamovibles, los familiares de los sancionados tratan de agotar hasta el último recurso para su defensa.
Según la ley cubana, la apelación se realiza cinco días a partir del día siguiente a la notificación de la resolución.
Al menos otros doce activistas han sido incriminados por una presunta relación con grupos radicados en el exterior calificados por el régimen como “contrarrevolucionarios”: Jorge Luis Boada Valdés, Carlos Terán Izquierdo, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Sulmira Martínez, Migdel Martínez del Toro y Yasmani González; de La Habana, Daniel Moreno; de Santiago de Cuba, Ana Ibis Tristá, Jarol Varona Agüero, Félix Daniel Pérez Ruiz, y Cristhian de Jesús Peña Aguilera; en Las Tunas; a José Manuel Barreiro de Cienfuegos.