El ex prisionero político Óscar Corría Sánchez, quien cumplió una condena de tres años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue detenido nuevamente el pasado jueves y acusado de desacato.
El joven, de 25 años, acudió a una citación policial y fue dejado bajo arresto tras un altercado ocurrido cuando se negó a trabajar para el Estado.
“Lo que pasó fue que él estaba citado para ese día. Estando allí en la oficina con los policías, ellos empezaron a provocarlo, hablándole en mala forma. Lo que quieren es obligarlo a que trabaje, y él solo dijo que no le iba a trabajar a este Estado; está en su derecho”, relató su hermana Mairelis Menéndez Sánchez, quien lo acompañó a la unidad policial donde había sido requerido.
“Él en ningún momento se ‘fresqueó’ ni le fue arriba a ningún policía. Yo, al ver el maltrato contra mi hermano, me alteré con ellos y también les hablé en mala forma. Me sacaron bruscamente para afuera.”
un oficial de la PNR acusó a Corría Sánchez de alterar el orden público dentro de la estación
Según una grabación enviada a Martí Noticias, un oficial de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) acusó a Corría Sánchez de alterar el orden público dentro de la estación y lo amenazó con imputarlo por desobediencia si no se presentaba en la Dirección de Trabajo a reportarse. En el audio se escucha que, ante la negativa reiterada de Corría Sánchez de vincularse laboralmente con el Estado, otro mando policial ordenó levantarle un acta de advertencia por desobediencia y mantenerlo detenido en la misma unidad donde había sido citado.
“Ellos fueron los que provocaron todo para tenerlo donde lo tienen. A mí me multaron con mil pesos, y él fue directo para los calabozos. Desde el jueves está allí, injustamente. Ahora lo tienen bajo un proceso investigativo y le pidieron 200 mil pesos de fianza, pero como saben que no lo va a pagar, lo que buscan es prisión preventiva”, denunció Menéndez Sánchez.
Corría Sánchez cumplió su sentencia el 8 de septiembre de 2024, pero desde entonces ha estado bajo acoso constante de la Seguridad del Estado y la PNR, que le exigen incorporarse a la vida laboral. “A él le tienen un seguimiento que va más allá de lo normal”, lamentó la hermana.
A mí me multaron con mil pesos, y él fue directo para los calabozos.
De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, el 65% de los prisioneros políticos en Cuba son manifestantes del 2021.
Los que han sido liberados tras cumplir sus sanciones permanecen bajo vigilancia constante, reciben citaciones periódicas para interrogatorios policiales, y tienen expedientes como “contrarrevolucionarios”. Además, son obligados a aceptar trabajos mal remunerados y se les prohíbe publicar en redes sociales.
Estos ciudadanos también pueden ser objeto de la figura de “peligrosidad social”, una medida preventiva que permite a las autoridades detener y sancionar a personas por considerarlas proclives a cometer delitos, incluso sin que hayan cometido ninguno.
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